Kalitatezko zerbitzu publiko batzuen alde! Azkenean argia ikusi du adingabekoen babespen zentru askoren errealitatea. Nola izan liteke posible Giza Ongizateko langileek eta adingabekoen teknikariak ideiarik ez izatea ume hauen jasatzen zutenari buruz? Noski bazekitela, eta Autonomi Erkidegoek dira arduradunak. "Portaera asalduratutako" adingabekoak dira, edo gure artean ondo ulertzeko, egoera giza-familiar penagarriak zituzten haurrak. Haien kosta ekoizten ibili dira hainbat enpresa diru publikoarekin, administrazioaren aldetik tratu txarren kontua jakinik.
Herriaren Defentsaria txosten bat igorri du, eta bertan azaltzen dira modu oso egonkor batean zelako egoera erromesean zeuden eta zelako etengabeko tratu txar, irain eta eraso pairatzen dituzten ume hauek, enpresa pribatu hauen eskuetatik, GKE bezala apainduak (adibidez: O'Belén Fundazioa).
Egoera hau, sektorearen erromesatasunagatik, adminsitrazio publikoak emten duen diru kantitate handien kudeaketa txarragatik ume hauek "arazoak ematen ez dituzten" lekuetan izateko (ikastetxe bezalakoak balira bezala) eta delegazioen arduradunen gainbegirada ezagatik zentru hauen aktibitateen gainean (hainbat aldiz ilegalak) da.
Gertakari hauen aurrean, argi geratzen da umeak tratu txarrak pairatzen duten zentru guztietako desjabetzapenaren , administrazioaren eta enpresa hauen arteko akordioen suntsipenaren eta hauen judiziamendu eta zigorraren garrantzia.
¡Por unos servicios sociales públicos y de calidad! 
Por fin ha salido a la luz pública la realidad de muchos centros de protección de menores. ¿Cómo es posible que las delegaciones de Bienestar Social, técnicos de menores, etc. no tuvieran conocimiento de la situación vivida por estos niños? Obviamente lo tenían y las Comunidades Autónomas son responsables de ello. Son menores con “trastornos de comportamiento” o para que nos entendamos, niños y niñas con situaciones socio familiares penosas, a costa de los cuales muchas de las empresas privadas han estado enriqueciéndose con dinero público, con el conocimiento por parte de la Administración de los malos tratos a los que se ven expuestos estos niños.
El Defensor del Pueblo ha emitido un informe en el que hace constar de manera muy contundente la precariedad, los malos tratos, las vejaciones y las agresiones continuas que estas entidades privadas, disfrazadas como ONG’s (por ejemplo: Fundación O’Belén) provocan de manera continuada a estos niños.
Esta situación se produce debido a la precariedad laboral en el sector, a la mala gestión de las grandes cantidades de dinero que la administración pública da para tener a estos niños en lugares donde “no den problemas” (vendiéndolos como centros educativos) y desde luego a la nula supervisión o el consentimiento por parte de las correspondientes delegaciones de las actividades, muchas veces ilegales, que se llevan a cabo en este tipo de centros concertados por la administración.
Ante éstos hechos, queda clara la necesidad de realizar la expropiación inmediata de todos los centros privados en los que se maltrata a los menores, la ruptura de todos los convenios de la administración con las entidades responsables y su enjuiciamiento y castigo.
Por fin ha salido a la luz pública la realidad de muchos centros de protección de menores. ¿Cómo es posible que las delegaciones de Bienestar Social, técnicos de menores, etc. no tuvieran conocimiento de la situación vivida por estos niños? Obviamente lo tenían y las Comunidades Autónomas son responsables de ello. Son menores con “trastornos de comportamiento” o para que nos entendamos, niños y niñas con situaciones socio familiares penosas, a costa de los cuales muchas de las empresas privadas han estado enriqueciéndose con dinero público, con el conocimiento por parte de la Administración de los malos tratos a los que se ven expuestos estos niños.
El Defensor del Pueblo ha emitido un informe en el que hace constar de manera muy contundente la precariedad, los malos tratos, las vejaciones y las agresiones continuas que estas entidades privadas, disfrazadas como ONG’s (por ejemplo: Fundación O’Belén) provocan de manera continuada a estos niños.
Esta situación se produce debido a la precariedad laboral en el sector, a la mala gestión de las grandes cantidades de dinero que la administración pública da para tener a estos niños en lugares donde “no den problemas” (vendiéndolos como centros educativos) y desde luego a la nula supervisión o el consentimiento por parte de las correspondientes delegaciones de las actividades, muchas veces ilegales, que se llevan a cabo en este tipo de centros concertados por la administración.
Ante éstos hechos, queda clara la necesidad de realizar la expropiación inmediata de todos los centros privados en los que se maltrata a los menores, la ruptura de todos los convenios de la administración con las entidades responsables y su enjuiciamiento y castigo.
